Todos somos responsables de la contaminación

Por Pedro Pablo Cortés


“Todos tienen la culpa menos yo”, es lo que algunos piensan respecto a la alarmante contaminación que padece Nuevo León.

En el estado hay cerca de 4 mil 700 muerte prematuras cada año por la mala calidad del aire, estima el Instituto Nacional de Salud Pública.

Sólo 27 por ciento de los días del 2017 hubo aire limpio en la Zona Metropolitana de Monterrey, alertan colectivos de Cómo Vamos, Nuevo León, como Reforestación Extrema, Pueblo Bicletero y La Banqueta Se Respeta.

Pese a este gris panorama, hay quienes insisten en que deben tomarse medidas, pero que no los afecten de forma personal.

El columnista de El Norte Luis Manuel Garza dijo que la responsabilidad de la contaminación recae de forma exclusiva en los tres niveles de gobierno.

“¿Y de quién es la culpa?”, escribió el abogado, “sin duda, no somos los ciudadanos que tenemos vehículo automotor, puesto que la pésima calidad del transporte público en el Estado no nos confiere la opción de utilizarlo si podemos comprar auto.

“Tampoco se nos puede señalar por el hecho de no optar por la bicicleta como medio de transporte habitual, puesto que el exceso de parque vehicular, paradójicamente, hace que resulte peligrosísimo circular en dos ruedas en la Ciudad”.

El autor del libro “Breves Relatos de un Regiomontano Cualquiera” también excusa a las empresas.

“Tampoco es culpa de los industriales de antes, puesto que justamente Monterrey se erigió como ciudad industrial ante las precarias condiciones naturales y climatológicas de la zona”.

Es gracioso ver que grupos sociales que critican a quienes responsabilizan al gobierno de temas como la pobreza y desigualdad ahora le achacan al Estado toda la culpa del desastre ambiental.

Son muchas las personas que, como el columnista, quisieran que una varita mágica les permitiese, de repente, conducir su automóvil en vialidades fluidas y admirar un cielo despejado mientras pedreras, fábricas y cementeras trabajan de forma normal.

“Es la mentalidad de ‘que todo mundo cambie, menos yo’”, me decía una amiga diseñadora cuando me daba aventón después del trabajo.

Esta idiosincrasia es problemática no sólo porque conduce a la inacción, sino porque es la que produjo esta situación en primer lugar.

La creencia que el transporte público es para los “jodidos” es la que hace que sea pésimo.

Si la Ecovía es costosa y deficiente, si los camiones son viejos y caros, si el metro es insuficiente y precario, es porque los grupos de poder no se han interesado en exigir su mejoría, pues al fin y al cabo sólo lo usa gente “jodida”.

Los sampetrinos no sólo han fallado en exigir una movilidad más sustentable, sino que se han manifestado de forma enérgica contra proyectos que atenderían esta cuestión, como el tranvía, el BRT, las ciclovías y las rutas ecológicas.

En Monterrey, la gente criticó que se destinen vías de Ruiz Cortines y Lincoln para construir la Ecovía.

La solución a la movilidad siempre es construir más carriles, más pasos a desnivel y más calles, pero nunca es dignificar a los usuarios del transporte público, proteger los derechos de los peatones o desincentivar el uso del carro.

“¿Y nosotros qué podemos hacer?”, alegan los industriales mientras se hacen de la vista gorda.

Lo dicen como si no fuesen el grupo de interés más poderoso de Nuevo León, como si no hubiesen cabildeado el nuevo sistema estatal anticorrupción, gestionado la creación de Fuerza Civil y hasta contribuido a la militarización de la entidad.

Especialistas de organismos como el Clean Air Institute, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Tec de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se han pronunciado sobre la urgencia de la verificación vehicular.

Pero los cochistas y los partidos políticos, incluso aquellos que dicen aborrecer el populismo, como el PAN, argumentan que no debe implementarse o que debe ser gratuita, aunque ellos mismos digan que nada es gratis en esta vida cuando de programas sociales se trata.

Nadie dice que sea la solución a todos los problemas, pero es parte fundamental de lo que debe hacerse, incluyendo la regulación ambiental de actividad industrial y del transporte público.

Aunque digan lo contrario, la inspección vehicular y la restricción de automóviles por medio de impuestos y cuotas de peaje en los centros de las ciudades es algo que se ya se hace en otras naciones, como Francia, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos e incluso Brasil.

Pero, pese a las evidencias, así queda la cosa: los automovilistas dicen que ellos no, los empresarios responden que ellos tampoco, y los políticos alegan que su bando sí está haciendo algo, que el problema son los otros que no entienden.

Y mientras seguimos repartiendo culpas, en vez de hacer cada quien lo que nos toca, pasa otro día en el que alguien contrae cáncer, en el que alguien desarrolla asma o en el que alguien sufre una muerte que pudo evitarse.

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