Ningún humano es ilegal

Por: Antonio Herrera

La caravana de migrantes hondureños que actualmente se encuentran en territorio mexicano puso al descubierto la xenofobia, discriminación, intolerancia e incongruencia aún latentes en nuestra sociedad.

La frontera sur de México ha sido por años la puerta de escape para miles de centroamericanos que huyen de su condición de pobreza extrema, violencia y otros abusos a sus derechos humanos en la que se han visto sumergidos por los diversos contextos sociopolíticos de sus países de origen. Problemáticas a las que los mexicanos también nos enfrentemos.

Nuestra nación no sólo es un país de tránsito para los migrantes, sino que también es un Estado de destino y de retorno para quienes no encuentran las garantías mínimas en sus países de origen en dignidad y en otros derechos fundamentales.

La migración no es un fenómeno que pueda detenerse –puede prevenirse con el cumplimiento de leyes nacionales e internacionales-, por lo que le corresponde a México respetar, proteger y garantizar a cualquier individuo, tanto extranjeros como nacionales, la seguridad y las necesidades humanitarias a las que México se ha obligado tanto en su constitución como en la rectificación de tratados internacionales.

Pero el cumplimiento de las leyes no corresponde con la realidad social, las instituciones migratorias son insuficientes para brindar refugio y seguridad no solo a los hondureños, sino a los ciudadanos del mundo que están transitando y radicando en nuestro país en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Los mismos mexicanos nos enfrentamos diariamente al abuso de las autoridades, al reclutamiento por los cárteles de droga, a la discriminación y otras indignaciones que nos violentan nuestra dignidad tanto individual como colectiva. Entonces, ¿por qué nos cuesta ser empáticos por quienes atraviesan problemáticas similares a las que nosotros vivimos?

“La ciudadanía ha entrado en contraste con la igualdad jurídica, aún sólo formal, de todos los seres humanos, aunque ésta haya sido establecida en muchas cartas y convenciones internacionales. El resultado de esta discriminación jurídica es que la ciudadanía –aquella, obviamente de los países ricos- se ha transformado en el último privilegio de status”, afirma Luigi Ferrajoli, uno de los principales teóricos del garantimos de los derechos humanos.

Esta igualdad jurídica debería de traducirse en instituciones que dispongan del cumplimiento de las leyes, pero que también las hagan disponibles para quienes necesitan exigir sus derechos pues han estado sumergidos en injusticias y disparidades sociales.

El derecho al refugio, la seguridad jurídica, la atención consular y el debido proceso, deben de ser accesibles en todo momento, a lo largo de su trayecto por nuestra república y ésta debe de exigirse con altos estándares de calidad.

Y no solo le corresponde al gobierno no discriminar, sino que también como individuos tenemos que responsabilizarnos y no limitar, disminuir e excluir el status de persona por su situación de migrantes.

México tiene responsabilidades, por un lado en la protección de los hondureños, pero también tiene que promover la empatía para erradicar los discursos xenofóbicos presentes entre los mexicanos en contra de nuestros hermanos centroamericanos, y al igual que México, Estados Unidos debe de colaborar para garantizar los derechos fundamentales de quienes se dirigen a su país.

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